El porcentaje de casos de violencia sexual que son procesados es significativamente más reducido que el de denuncias. En Argentina, la evidencia muestra que sólo el 10% de los casos de violencia sexual denunciados derivan en consecuencias legales para los agresores. Esta cifra es aún menor en países como Chile y Ecuador, donde sólo se alcanza el 4 por ciento. En Guatemala, esta situación es más crítica pues sólo el 1 por ciento de los agresores es sancionado legalmente.
Más allá de las dificultades en el acceso a la justicia para las víctimas, la violencia sexual conlleva graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como embarazos producto de violación, VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, complicaciones ginecológicas, fibromas, dolor pélvico crónico e infecciones de las vías urinarias, y disminución del deseo sexual, entre otras.
En este contexto, desde 2008 el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) apoya a los Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a través de una iniciativa de prevención y atención a la violencia sexual orientada al desarrollo y ejecución de modelos de atención integral en salud y justicia para mujeres ante la violencia sexual. Para ello, se han realizado estudios sobre el marco legal y los servicios de atención a la violencia sexual en estos cuatro países, apoyándose el desarrollo de protocolos, guías y modelos integrales que faciliten el acceso a servicios de salud, justicia y apoyo psico-social para evitar la revictimización de las mujeres.
